Los discursos en contra de la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes en España se centraron en tres ejes principales: el temor al «efecto llamada» (argumentando que fomenta la llegada de nuevos flujos sin control), la sobrecarga de los servicios públicos y el riesgo de choque con las políticas migratorias de la Unión Europea.
Sin embargo, la regularización es un acto de dignidad para personas que ya viven, trabajan y conviven en el país desde hace años. Los datos provistos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el mes de abril 2026 reflejan que un 14,7% de los cotizantes en España son trabajadores extranjeros, esto es 3,2 millones de personas que han migrado hacia nuestro país y se encuentran dados de alta en Seguridad Social.
En cuanto a la sostenibilidad económica, se estima un impacto fiscal muy positivo, con ingresos de hasta 4.400 euros anuales por persona regularizada, según informes gubernamentales. Desde el ámbito económico se argumenta que la regularización de trabajadores jóvenes y activos es fundamental para sostener el sistema de pensiones y servicios esenciales frente al envejecimiento de la población española.
La mayor presencia de trabajadores extranjeros se concentra en el rubro de hostelería (29,8%), construcción (24,6%) y agricultura (27,1%). En cuanto a los autónomos, el Ministerio informa que más de 500 mil son extranjeros.
El año pasado hubo un crecimiento del 39% en cuanto a personas extranjeras que accedieron al empleo a través de la autorización de residencia por arraigo. Y el 58% de esas personas afiliadas a Seguridad Social tienen una autorización de arraigo tipo familiar. Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados.
Se entiende que documentar a los extranjeros que llegaron antes del 1 de enero de 2026 y carecen de antecedentes penales permite al Estado español tener un control real y transparente de su población.
Sin lugar a dudas, regularizar y dotar de permisos de trabajo legales evitan abusos y se dignifica el mercado laboral general.
Desde Quintana Abogados continuamos trabajando en pos de garantizar derechos migratorios.
